El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó este jueves un "embargo ejecutivo" a la televisora Globovisión, crítica con el gobierno, por 5,68 millones de dólares, que equivale casi al triple de la multa impuesta al canal en 2011 por su cobertura de una crisis carcelaria.
"Se decreta embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la empresa Globovisión Tele, C.A. por la cantidad de Veinticuatro Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos Dieciséis Bolívares con Cuarenta Céntimos (unos 5,6 millones de dólares)", reza el fallo del TSJ, al que el Estado venezolano pidió en marzo que obligara al canal a pagar la multa.
Según la decisión de la Sala Político-Administrativa del TSJ, el embargo equivale al doble de la multa impuesta por el ente regulador de las telecomunicaciones, Conatel, en octubre de 2011, más "las costas de ejecución", estimadas en una tercera parte de esa cantidad.
"Se trata de un decreto de embargo por el triple de la multa que se le había impuesto originalmente a Globovisión, se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela para que calcule intereses moratorios y se ordena comisionar a un juzgado ejecutor de medidas para que próximamente proceda a ejecutar este embargo", explicó el consultor jurídico de la televisora, Ricardo Antela, al recibir el fallo.
Globovisión, que ha sufrido ya varias sanciones administrativas y ha sido amenazada de cierre por el gobierno, inició varios procesos legales ante la multa. La nulidad de la medida fue solicitada ante un tribunal contencioso (que evalúa la legalidad de actos del Estado) y ante el TSJ, que ya en marzo ratificó la sanción.
"Resulta que la Sala nos sorprende con una medida de embargo para la cual no tiene ningún tipo de competencia", añadió Antela en declaraciones emitidas por Globovisión, explicando que el TSJ procedió "sin haber oído previamente" al canal como "está previsto en la ley".
En marzo de este año, el director de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Pedro Maldonado, introdujo una acción judicial ante el TSJ para que obligara a Globovisión a pagar la multa por 2,16 millones de dólares que le fue impuesta en 2011.
La decisión original de multar a Globovisión --muy crítico del gobierno de Hugo Chávez-- fue tomada por Conatel por la cobertura periodística de una crisis que en junio del año pasado dejó unos 30 muertos en la cárcel de El Rodeo.
Según Conatel, que actuó en virtud de una polémica ley reguladora que refuerza el control del Estado sobre los medios de comunicación audiovisuales, el canal hizo "apología del delito", "incitó al desconocimiento del ordenamiento jurídico", generó "zozobra en la ciudadanía" y "demostró odio e intolerancia por razones políticas", en su cobertura de los hechos violentos.
Durante el motín carcelario, que se prolongó durante un mes y que fue el incidente más sangriento de la última década en una prisión venezolana, Globovisión emitió continuamente imágenes de familiares de los presos muy alterados en busca de información.
"Esto es imposible no leerlo en el contexto electoral, (...) especialmente porque éste es un canal que es abiertamente crítico, es un canal que tiene una identificación muy clara con la oposición, no es un canal cualquiera", dijo este jueves a la AFP Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, recordando los cercanos comicios presidenciales del próximo 7 de octubre.
Correa también explicó que si "ya la primera multa era desproporcionada esta segunda multa es mucho más desproporcionada", añadiendo que "si el tribunal va a hacer el embargo ejecutivo significaría que el canal queda fuera del aire".
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) expresó en un comunicado "su más firme rechazo a la arbitraria decisión del TSJ" y aseguró que "no deja de sorprender que cuando se trata de coartar los derechos de los ciudadanos, la 'justicia' en manos del gobierno es diligente y eficaz".
Los responsables del canal, que aún estudiaban sus opciones antes de pronunuciarse sobre el embargo, han asegurado en varias ocasiones que son objeto de una persecución política por su línea editorial. En cambio, el Ejecutivo siempre ha asegurado que estas acciones responden a razones estrictamente legales.http://noticias.latam.msn.com/ve/venezuela/articulo_afp.aspx?cp-documentid=251586263
